En los últimos años, el número de animales domésticos en los hogares españoles ha crecido de forma exponencial. Sin embargo, según datos de la Fundación Affinity, las cifras de abandono se han mantenido estables. Por tanto, de alguna manera, podemos deducir que se abandonan menos animales de compañía que provienen de hogares.
Pero, al indagar un poco más, nos encontramos que las intervenciones policiales en las que se solicita de forma cautelar la retirada de estos animales ha crecido mucho y, en muchas ocasiones, supone el decomiso de muchísimos animales en condiciones deplorables en criaderos, rehalas, etc.
La creciente sensibilidad hacia el maltrato animal ha llevado a un aumento de denuncias también contra propietarios de ganaderías, granjas, explotaciones y núcleos zoológicos que mantienen a sus animales en condiciones que se alejan mucho de lo decente. Sin embargo, la administración pública sigue sin estar preparada para dar soluciones efectivas para estos casos. Esto es aún más evidente hoy, cuando la ley avanza más rápido que los recursos disponibles para implementarla.
En este contexto, las protectoras de animales y los santuarios desempeñamos un papel crucial, colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para salvar miles de vidas. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema no cumple con su deber de proteger los derechos de los animales ? ¿Qué ocurre cuando, los ojos del juez o la jueza no miran a los ojos de esos animales, no ven su dolor, no estiman el daño y el sufrimiento que todo el resto de esta cadena ha podido constatar?
El 12 de enero de 2023, a petición de la Policía Nacional, se incautaron siete perros en un núcleo zoológico de Toledo. En ese lugar quedaron más de sesenta animales en condiciones deplorables. En octubre de 2024, y tras meses de denuncias, cinco protectoras de Madrid fueron convocadas por orden del juzgado de guardia frente a un delito de maltrato animal para retirar los dieciséis animales que seguían vivos en ese lugar, rodeados de cadáveres, heridas y enfermedades.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las evidencias de maltrato, el caso no ha sido asignado a ningún juzgado todavía. A pesar de los meses transcurridos, los plazos judiciales no tienen en cuenta que tratan de vidas, de seres vivos que necesitan cuidados y atención. Gracias a la reforma del código civil, ya no son cosas, pero desgraciadamente la administración de justicia ni se ha adaptado ni formado a su personal en ello. Para colmo, a principios de noviembre de 2024, las dos protectoras que acudieron al rescate en 2023 fueron requeridas por otro juzgado para devolver los animales a la misma persona maltratadora a la que se le están quitando todos los animales por ser incapaz de mantenerlos de forma digna.
¿Cómo es posible que el sistema judicial permite esto? Es surrealista que por la falta de comunicación entre la administración y la total falta de compasión y rigurosidad por parte de algunos poderes judiciales, estos animales vean peligrar sus vidas. Es absolutamente injusto que las protectoras y las personas que han trabajado incansablemente e invertido sus recursos, en devolver la dignidad a estos animales sufran ahora la tremenda injusticia de tener que luchar por sus vidas.
El caso de estos perros no es un hecho aislado. Cada año son varias las sentencias que desprotegen a los animales ignorando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de las protectoras por hacer cumplir la ley.
Estado de las vacas al ser decomisadas en 2022
Hoy, este caso se vuelve a repetir. En 2022, el refugio de animales La Manada Cántabra rescató cinco vacas retiradas por el cuerpo del SEPRONA que vivían encadenadas, sin luz, comida ni ventilación, y con graves signos de extrema delgadez. Desde entonces, estas vacas han recibido cuidados, han recuperado su salud y viven en condiciones dignas en las instalaciones de este refugio. Sin embargo, recientemente, un juez ha ordenado devolverlas a su maltratador, sin permitir que SEPRONA, el santuario o los veterinarios que atendieron a los animales declaren en el caso.
Estado de las vacas en la actualidad (2024)
Desde FESA, exigimos justicia. Es indignante que las decisiones judiciales puedan ignorar:
- El sufrimiento evidente de los animales.
- Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y las protectoras por hacer cumplir la ley.
- Los recursos económicos y emocionales invertidos en salvar vidas.
Devolver animales a sus maltratadores es condenarlos a muerte. Además, desmoraliza a quienes luchamos día a día para construir un mundo más justo para todos los seres vivos.
Por todo lo expuesto, desde FESA exigimos a la administración pública y a la judicatura que
- Se forme a los agentes jurídicos en las últimas reformas legales que reconocen y protegen los derechos de los animales.
- Actúen con seriedad, responsabilidad y rigurosidad.
- Cumplan la ley y protejan los derechos de los animales.
- Reconozcan el trabajo de las protectoras y santuarios que colaboran con las autoridades.
Los jueces no pueden seguir jugando con los recursos económicos que tanto cuesta luchar y con las emociones de quienes de forma altruista, solidaria y desinteresada han colaborado con las autoridades en el cumplimiento de sus funciones.
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